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Ministerio Público investigará a fiscal que atendió denuncia de Vilma y no cumplió con medidas de protección

El abogado de la familia de la víctima, cuestionó a la Fiscalía y Policía por no realizar el respectivo seguimiento, para constatar que el agresor no vivía en el mismo domicilio de la mujer. 

06/04/2021 22:35

Santa Cruz - Bolivia

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El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, anunció que el Ministerio Público iniciará un proceso de investigación contra el fiscal Gerardo Balderas, autoridad que recibió la denuncia de Vilma Flores Zurita el pasado 21 de marzo, dos semanas antes que se produjera el desenlace fatal en el supermercado del 4to anillo de la doble vía La Guardia.

Tras recibir la denuncia, Marcelino Martínez Arenas fue arrestado en la Estación Policial Integral (EPI) de la Radial 17 1/2, acusado de violencia familiar, sin embargo, fue liberado después de cumplir ocho horas, debido a que faltaron pruebas y testigos que sustenten la acusación para proceder a su aprehensión. 

El sujeto recibió por parte del fiscal una orden de alejamiento y medidas de protección hacia la víctima, pero el agresor hizo caso omiso a dicha orden y retornó a la vivienda de su expareja.

"Vamos a realizar la respectiva solicitud de informes, para que conforme al procedimiento, ya sea disciplinario o si ameritara el procedimiento penal común como para cualquier ciudadano, téngalo por seguro que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz lo realizará con objetividad", afirmó Mariaca la noche del lunes en el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Por su parte el abogado de la familia de la víctima, Roberto Orellana, cuestionó que las autoridades, tanto fiscales como policiales, no cumplieron con la medida de protección al ir a la casa donde vivía Vilma con sus dos pequeños hijos, para constatar el desalojo del hombre.

"De nada sirve tener un papel que nadie hace caso, porque no hay un seguimiento de los investigadores que deberían ir a constatar. A veces las víctimas socapan y tienen a sus agresores bajo el mismo techo, ya sea por aspectos económicos, sociales o de ayudas. La ley dice que tienen que desalojar al agresor para evitar hechos de sangre", explicó en QNMP.

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