Ministro explica que bloqueos, contrabando y acopio causan falta de GLP en el país

En una entrevista realizada este viernes en Red Uno, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, detalló la compleja situación que atraviesa el país respecto al suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP). La autoridad vinculó la falta del carburante a una combinación de conflictos sociales, actividades delincuenciales de contrabando y una respuesta de acopio por parte de la población.

Según la autoridad, el primer factor identificado es la interrupción del transporte de GLP hacia las plantas engarrafadoras debido a las protestas contra el Decreto Supremo 5503. Medinaceli puntualizó que el foco de este problema se encuentra en la estación Oconi.

“El primer elemento es un bloqueo en el transporte de GLP, a través de tubos, en la estación Oconi. Esto se da por la protesta de los movimientos sociales debido al decreto supremo 5503; entonces, en los últimos días estas personas impidieron la operación de esta planta, por eso el GLP no pudo llegar a las plantas engarrafadoras”, manifestó Medinaceli.

Pese a este escenario, la autoridad informó que, tras un cuarto intermedio en las medidas de presión durante la pasada jornada, se logró reanudar parcialmente el transporte del combustible.

Como segundo elemento, el ministro denunció un fenómeno de "migración delictiva". Tras la reciente eliminación del subsidio al diésel, las redes de contrabando habrían volcado su actividad hacia el GLP boliviano, atraídas por el precio subvencionado que aún se mantiene en el mercado interno.

“Desde que se eliminó el subsidio al diésel, todos estos contrabandistas malas personas, estos delincuentes trasladaron la actividad delincuencial del diésel al GLP. Aproximadamente, yo diría que un 20% de todo lo que se produce en el país se está destinando hacia el Perú”.

Medinaceli señaló que el temor al desabastecimiento ha generado una sobredemanda artificial, donde los usuarios buscan adquirir más unidades de las habituales. “La gente ante esta situación lo que está haciendo es comprando dos o tres garrafas para asegurarse el abastecimiento”, explicó.

Respecto a las soluciones, el Gobierno ratificó que el precio de la garrafa se mantiene congelado en Bs 22,50, priorizando la economía de los sectores más vulnerables, aunque esto represente un desafío fiscal. No obstante, advirtió que la situación es crítica y requiere de una fiscalización rigurosa.

“Lo que aquí queda es reforzar los controles, sacar a gente a que controle ello y aplicar medidas, pero es una situación compleja que estamos viviendo. Recordemos que la ley prevé sanciones como la privación de libertad para las personas que estan en este ilícito porque básicamente es un servicio público y el corte de ese servicio público prevé este tipo de sanciones”, afirmó la autoridad.