El asesinato del juez Wilber Marcial Cruz, a manos de sicarios en Cochabamba, evidencia la vulnerabilidad de los magistrados y exige medidas urgentes de protección para garantizar la justicia y la seguridad en Bolivia.
11/11/2025 7:53
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La comunidad judicial de Cochabamba se encuentra en estado de alarma tras el violento asesinato del juez de instrucción penal de Villa Tunari, Dr. Wilber Marcial Cruz. El hecho ocurrió en la zona de Cercado, cuando el magistrado viajaba junto a su hijo de 18 años. Dos sicarios, a bordo de una motocicleta, interceptaron el vehículo y dispararon contra el juez, quien falleció en el lugar. Su hijo, testigo directo, pidió auxilio desesperadamente tras el ataque.
Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento del crimen, ocurrido a las 22:52. Según la Policía, la investigación por asesinato está en curso a través de la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y la Fiscalía mantiene la pesquisa en reserva para no entorpecer los actos investigativos.
La Asociación de Magistrados y Jueces de Cochabamba (AMACO), a través de su presidente Jhazmany Zenteno Valdés, manifestó profunda preocupación por la seguridad de las autoridades judiciales. “La única función que tenemos es impartir justicia. Muchas veces nuestras decisiones no son del agrado de alguna de las partes, y esto puede generar hostigamiento, persecución y amenazas que, lamentablemente, pueden derivar en hechos fatales como el ocurrido con el Dr. Wilber Marcial Cruz”, señaló Zenteno durante entrevista con el QNMP.
El presidente de AMACO recordó que los jueces que manejan casos de relevancia penal –narcotráfico, homicidios, feminicidios y otros delitos graves– enfrentan riesgos constantes, y destacó que, pese a recomendaciones internacionales sobre la protección judicial, aún existen vacíos en la seguridad de estas autoridades en Bolivia.
Recientemente, el Consejo de la Magistratura aprobó un protocolo de protección para jueces, que incluye medidas de seguridad personal y familiar, resguardo de domicilios y protección de datos. La Asociación insiste en la activación inmediata de estas medidas para prevenir futuros ataques y garantizar la independencia judicial.
Respecto a amenazas previas o denuncias contra el magistrado, Zenteno confirmó que la Asociación no tenía conocimiento de hostigamiento formal ni de procesos disciplinarios o penales en contra de Cruz. “No se tenía constancia de que el juez hubiera denunciado amenazas ante el Consejo de la Magistratura”, señaló.
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