En un inicio circularon rumores de que el video había sido difundido en Instagram o TikTok, lo que desató una oleada de búsquedas y la aparición de enlaces.
30/09/2025 12:59
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La investigación por el brutal crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), reveló un dato estremecedor, uno de los detenidos tenía en su celular el video donde se registró en vivo la tortura y posterior asesinato de las víctimas en Argentina.
La periodista Irina Sternik explicó que la grabación fue realizada a través de la aplicación Zangi, una plataforma de mensajería empresarial que en los últimos meses se ha convertido en una herramienta usada por bandas criminales en Latinoamérica. A diferencia de otras redes sociales, Sanji no guarda el contenido en la nube, sino que lo transmite de celular a celular con cifrado de nivel militar, lo que la hace prácticamente imposible de rastrear.
En un inicio circularon rumores de que el video había sido difundido en Instagram o TikTok, lo que desató una oleada de búsquedas y la aparición de enlaces que, en muchos casos, eran compartidos por usuarios movidos por el morbo. Aunque ambas plataformas desplegaron a sus miles de moderadores para frenar la propagación, varios testigos aseguran que el material fue ofrecido en chats privados y hasta sugerido por algoritmos.
La verdadera alarma surgió al confirmarse que el material no solo existía, sino que estaba en posesión de uno de los principales sospechosos. Él mismo habría grabado cada minuto del tormento y lo conservaba en su dispositivo.
Expertos advierten que Zangi, actualmente la cuarta aplicación más utilizada en la región para actividades ilícitas, carece de regulación y es ampliamente usada en delitos como estafas, narcotráfico y ahora crímenes violentos. “El contenido no se guarda, no se puede rastrear. Esto la convierte en un canal perfecto para el delito organizado”, señaló Sternik, subrayando la urgencia de establecer una reglamentación sobre el uso de estas tecnologías.
La existencia del video, más allá de su impacto en la investigación judicial del crimen que estremeció a la Argentina, abre un debate global sobre los límites de la privacidad digital frente al avance de la criminalidad en línea y la necesidad de que las sociedades se preparen para enfrentar una nueva dimensión del delito.
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