Petro lamenta muerte de siete menores en bombardeo a guerrilleros y asume la responsabilidad

El presidente Gustavo Petro asumió este sábado la responsabilidad por el bombardeo militar contra disidencias de las FARC en el Guaviare, que dejó 20 muertos, incluidos siete menores de edad, según confirmó el Instituto de Medicina Legal.

El ataque se produjo el 12 de noviembre y estaba dirigido a un grupo armado liderado por Néstor Vera, alias “Iván Mordisco”. El mandatario defendió la operación ante las críticas y explicó que su decisión buscó evitar una emboscada contra soldados del Ejército.

"Claro que es lamentable toda muerte y más de menores de edad. Pero si se deja avanzar a los hombres de Iván Mordisco, emboscan a 20 soldados jóvenes", escribió Petro en su cuenta de X.

Confirmación de víctimas menores

La Defensoría del Pueblo reportó inicialmente seis menores fallecidos. Más tarde, Medicina Legal precisó que de los 20 cuerpos recibidos en sus sedes de Villavicencio y San José del Guaviare, siete correspondían a menores: cuatro niñas y tres niños.

"Producto de los análisis forenses (...) se determinó que siete de los cuerpos sin vida son de menores de edad", indicó Ariel Cortés, director de la entidad.

Petro: "Decisión riesgosa, pero necesaria"

El presidente argumentó que, de no haberse ordenado el operativo, habría sido responsabilizado por una posible emboscada.

"Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida a los militares", afirmó, y reconoció los dilemas éticos del conflicto: "Es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio".

Esta semana también se ordenó otro bombardeo contra disidentes en Arauca, frontera con Venezuela. Petro remarcó que su objetivo sigue siendo avanzar en su política de “paz total”, aunque admitió que algunos grupos armados no se han sumado al diálogo.

Críticas y contradicciones

La operación reavivó el debate político, con énfasis en los antecedentes del propio Petro. Usuarios en redes sociales recordaron que en marzo de 2021, el entonces senador condenó un bombardeo en el mismo departamento, calificándolo de "crimen de guerra".

También en 2019, cuestionó duramente otro operativo en el Caquetá, durante el gobierno de Iván Duque, en el que murieron también siete menores. En ese caso, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, terminó renunciando.

Frente a estas comparaciones, Petro sostuvo que "no es un crimen de guerra" y defendió su decisión:

"En la selva no teníamos otro método para defender la vida de los soldados y tomé personalmente la decisión".

Reclutamiento forzado y responsabilidad

La defensora del Pueblo, Iris Marín, enfatizó que si bien el uso de menores en la guerra es condenable, la principal responsabilidad recae en los grupos armados que los reclutan.

"Todo esto es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables", lamentó.

Petro, por su parte, aseguró que su gobierno ha rescatado a más de 2.400 menores de edad de organizaciones ilegales desde que asumió el poder.