Cívicos cruceños piden reestructurar el INRA y que las Fuerzas Armadas intervengan para desalojar a los avasalladores

El Comité pro Santa Cruz exigió la reestructuración inmediata del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), auditorías públicas a los procesos de saneamiento de tierras y el uso de las Fuerzas Armadas para desalojar a los avasalladores de predios privados, áreas protegidas y comunidades indígenas del departamento.

El segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Dino Franco, afirmó que los avasallamientos han destruido durante más de 20 años las tierras productivas del departamento y han derivado en grandes incendios que arrasaron millones de hectáreas de bosque, especialmente en la Chiquitania.

“Ya la gota que rebalsó el vaso fue lo ocurrido en San José de Chiquitos, donde hubo una agresión violenta contra una autoridad indígena”, señaló Franco, al explicar que la falta de respuesta institucional llevó a los cívicos a convocar a una vigilia de 48 horas.

Según el cívico, tras la medida de presión se registraron respuestas inmediatas por parte de la Gobernación de Santa Cruz, que convocó a la Comisión Agraria Departamental (CAD), y del Viceministerio de Autonomía, que asumió el compromiso de retirar a funcionarios del INRA presuntamente involucrados en la planificación de avasallamientos.

Franco sostuvo que la reestructuración del INRA es indispensable y debe ir acompañada de auditorías públicas a todos los procesos de tierras, con el objetivo de identificar responsabilidades y procesar a quienes incurrieron en tráfico y reparto ilegal de tierras. “No pueden seguir personas que han planificado la destrucción de Santa Cruz y del país”, enfatizó.

Asimismo, respaldó el anuncio del Gobierno nacional y del Gobierno departamental de ejecutar un plan de acción para desalojar a los avasalladores de predios privados, parques nacionales y comunidades afectadas. En ese marco, Franco consideró necesario el apoyo de las Fuerzas del Orden y las Fuerzas Armadas, al señalar que los intentos anteriores de desalojo fracasaron debido a la impunidad.

“Es la única forma, porque esta gente no sale de las buenas. Los detienen y a las 24 horas están libres y vuelven a avasallar”, afirmó, al mencionar casos recientes en Santa Rosa de Roca, San José de Chiquitos, Montero y Guarayos.

Las declaraciones del dirigente cívico se produjeron tras la reunión interinstitucional realizada el jueves en la Casa de Gobierno en Santa Cruz, en la que participaron el presidente Rodrigo Paz, el gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking Adad, ministros de Estado y otras autoridades, con el objetivo de coordinar acciones contra los avasallamientos en el departamento.