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El Gobierno informó este miércoles sobre la detención del conductor de un camión cisterna que trató de ingresar diésel contaminado a una planta de refinación y anunció que se investiga si hay una red que estaría manipulando el combustible, en medio de la huelga de transportistas por la mala calidad de los carburantes.
"Se procedió al precintado de la cisterna y se procedió al traslado del conductor y la cisterna a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) para la respectiva investigación", dijo a los medios el encargado del área técnica de la ANH, Ronny Sanguino.
Según Sanguino, el camión tiene una capacidad de transporte de unos 33.000 litros en dos compartimentos y se verificó que de ese total, 17.500 litros "están en buen estado" y los otros 17.500 "están en mal estado".
El funcionario explicó que el carburante salió desde la ciudad chilena de Iquique "con el certificado de origen dentro de especificaciones", pero que "llegó otro producto a la planta" en El Alto.
Por su parte, el director departamental de la Felcc de La Paz, Henry Pinto, señaló a los medios que este suceso se investiga por el posible delito de "sabotaje" y que se buscará verificar si la "adulteración" del combustible ocurrió en Chile o en territorio boliviano.
El caso "está en proceso de investigación para determinar a qué empresa pertenece, dónde se habría producido esta alteración del producto, si este tipo de casos es recurrente", indicó Pinto.
La ANH también informó en un comunicado de prensa sobre otro caso registrado en la ciudad de Cobija, en el norte amazónico del país, donde este miércoles se precintó un cisterna que llevaba gasolina que no cumplía los parámetros de calidad, cuyo destino era la planta de Almacenaje Zona Comercial Cobija.
Otros tres camiones que fueron inspeccionados en el mismo lugar sí cumplían con los parámetros de calidad y pudieron despachar el combustible, agregó la entidad reguladora.
Transportistas de La Paz y El Alto realizan este miércoles una huelga de 24 horas por la mala calidad del combustible y por supuestos retrasos de YPFB para pagar las compensaciones por los daños que los carburantes causaron en sus vehículos.
A principios de mes, el presidente Rodrigo Paz atribuyó los problemas con el combustible a un "sabotaje" realizado por "estructuras organizadas" en las gestiones pasadas y ordenó el resguardo militar de todas las plantas estratégicas de YPFB.
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