Guanay bajo el agua: alcalde responsabiliza a minería ilegal por las inundaciones y pide intervención estatal

Con una mezcla de "impotencia y rabia", el alcalde de Guanay, Víctor Ticona, responsabilizó este domingo directamente a la minería ilegal por las severas inundaciones que mantienen bajo el agua a gran parte de su municipio. Según la autoridad, el desastre actual es la consecuencia directa de actividades extractivas no autorizadas que operan en zonas vulnerables, una situación que fue denunciada formalmente ante diversas instancias estatales sin obtener resultados hasta la fecha.

El burgomaestre recordó que, a principios de la gestión 2025, su administración alertó sobre la presencia de minería ilegal en el mismo casco urbano de Guanay. La denuncia fue remitida a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a la Gobernación de La Paz y a la Fiscalía.

“Es increíble. Hemos denunciado a todas las instancias; en primera instancia la AJAM paralizó los trabajos, pero después no hicieron caso y las operaciones continuaron”, lamentó Ticona, quien vinculó estas actividades con convenios irregulares firmados por algunos dirigentes de juntas vecinales y OTBs, quienes carecen de competencia legal para suscribir contratos con empresas mineras.

Ticona denunció además que sus intentos por frenar la explotación ilegal de recursos derivaron en represalias directas contra su persona. Según su testimonio, los involucrados en estos actos ilícitos intentaron instrumentalizar la justicia para incriminarlo y frenar las fiscalizaciones.

“Estas mismas personas involucradas en la minería ilegal han querido dar vuelta el proceso, quisieron inculparme a raíz de las constantes denuncias que presenté”, puntualizó el alcalde.

Actualmente, Guanay enfrenta una de las crisis más severas de la temporada debido al desborde de ríos, situación que se ve agravada por el movimiento de tierras y la alteración de cauces provocados por la minería.

Ticona reiteró el llamado al Gobierno nacional para intervenir no solo con ayuda humanitaria, sino con acciones coercitivas reales contra quienes operan fuera de la ley, señalándolos como los responsables del drama que hoy viven cientos de familias inundadas.