El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos dispone medidas cautelares para proteger el ecosistema de la provincia O’Connor.
17/01/2026 10:54
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El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos dictó una medida cautelar que paraliza temporalmente las actividades del proyecto de perforación exploratoria Domo Oso X-3. Esta decisión responde a una demanda presentada por la Defensoría del Pueblo para proteger el área vinculada a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
La resolución judicial establece una pausa obligatoria de 30 días calendario para las operaciones en el Bloque Exploratorio San Telmo Norte. Durante este periodo, las instituciones demandadas deberán presentar sus alegatos e informes técnicos ante la autoridad jurisdiccional competente.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó la importancia de esta determinación para garantizar la protección preventiva de los derechos de la naturaleza.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente y el debido proceso; defender la vida nunca será un delito”, afirmó la autoridad.
La justicia también ordenó la incorporación formal de la empresa PETROBRAS S.A. como sujeto procesal necesario en este conflicto socioambiental. Se busca que todos los actores involucrados, incluyendo a los ministerios del sector, participen en la evaluación de los riesgos del proyecto.
Para verificar las condiciones fácticas en el terreno, el juez Clever Marcelo Osorio fijó una audiencia de inspección técnica el 9 de febrero de 2026. Los peritos y las partes interesadas se desplazarán hasta el Cantón Chiquiaca para constatar directamente el estado del emplazamiento petrolero.
Posteriormente, se llevará a cabo una audiencia pública el viernes 13 de febrero en la Casa de Justicia de Entre Ríos. En este espacio, terceros interesados y amigos de la corte podrán exponer sus argumentos legales y técnicos sobre la viabilidad de la perforación.
El Ministerio de Hidrocarburos y YPFB tienen un plazo de diez días hábiles para remitir toda la documentación solicitada por el despacho judicial. Esta información será crucial para determinar si la pausa temporal se convierte en una restricción definitiva o si se modifica la medida.
Finalmente, el juzgado solicitó identificar a los defensores de derechos humanos ambientales para analizar posibles medidas de protección específicas a su favor. El proceso judicial continúa bajo la mirada de organizaciones sociales que exigen transparencia en el manejo de los recursos naturales.
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