El exministro de la Presidencia del gobierno de Evo Morales fue notificado con una resolución de sobreseimiento, en el que se investigan delitos de Terrorismo, alzamiento armado, atentado contra organismos de seguridad, y tenencia de explosivos.
13/01/2026 21:19
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El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, fue notificado con una resolución de sobreseimiento en el proceso que sigue el Ministerio Público por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado, atentado contra organismos de seguridad del Estado y tenencia de explosivos, relacionados con los bloqueos registrados durante más de 30 días en diferentes regiones del país. En el mismo caso también se encuentran investigados Ramiro Cucho, Humberto Claros y Ponciano Santos.
La abogada Paola Barriga informó este martes a Red Uno que la notificación fue emitida oficialmente y cuestionó que Quintana continúe beneficiándose de decisiones judiciales favorables.
“Se emite a su favor una resolución de sobreseimiento, no se puede permitir que siga gozando de beneficios en la justicia; el día de hoy fue notificado con esta resolución”, manifestó.
Barriga explicó además que la resolución debe ser nuevamente valorada por la Fiscalía de Distrito, instancia que tiene la facultad de ratificar o rechazar el sobreseimiento.
“Esperamos que el fiscal de distrito obre en justicia y que rechace este sobreseimiento”, afirmó la jurista.
En el marco del mismo proceso, Ramiro Cucho y Humberto Claros fueron aprehendidos el pasado 13 de noviembre de 2024 y se encontraban con detención preventiva en el penal de Patacamaya, investigados por los mismos delitos.
Los dirigentes sostenían que las movilizaciones tenían como objetivo reclamar por la crisis que atravesaba el país; sin embargo, también se exigía la anulación del proceso penal seguido contra Evo Morales por el delito de trata de personas, relacionado con una menor de edad con la presuntamente tiene una hija.
La parte acusatoria recordó hechos de violencia ocurridos en anteriores conflictos sociales y reiteró su exigencia de que el caso no concluya con un perdón judicial, sino que llegue a una sentencia.
“La sociedad merece justicia y no resoluciones que generen impunidad”, sostuvo Barriga.
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