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Procurador advierte que fallos judiciales a favor de Áñez, Camacho y Pumari ponen en riesgo cumplimiento de recomendaciones del GIEI

El Procurador recordó que el informe del GIEI estableció la necesidad de realizar investigaciones serias, exhaustivas y diligentes, respetando los derechos de las víctimas y de los imputados. 

01/09/2025 10:16

Foto: Ricardo Condori, procurador general del Estado
La Paz

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El procurador general del Estado, Ricardo Condori, advirtió que las recientes decisiones judiciales que beneficiaron a la expresidenta, Jeanine Áñez, al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y al exdirigente cívico, Marco Pumari, podrían generar responsabilidades para el Estado boliviano, debido al incumplimiento de las recomendaciones del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos de 2019.

“Con las decisiones que han tomado algunos operadores de justicia estos últimos días, está en riesgo el cumplimiento efectivo de esas recomendaciones que ha sido revisado por estos organismos internacionales”, afirmó Condori en una entrevista con medios estatales.

El Procurador subrayó que la observación no recae únicamente en una institución, sino en todo el aparato estatal.

“No al Órgano Ejecutivo de manera particular, no al Órgano Judicial de manera particular, me refiero a todo el Estado y a todos los que componen este Estado, sea el Ministerio Público, Órgano Judicial, entre otros actores”, puntualizó.

Recordó que el informe del GIEI estableció la necesidad de realizar investigaciones serias, exhaustivas y diligentes, respetando los derechos de las víctimas, así como de las personas imputadas y procesadas.

“Se ha recomendado juzgar y, en su caso, aplicar sanciones con las responsabilidades señaladas en este y otros documentos similares; y particularmente esas recomendaciones han sido dirigidas al Ministerio Público y al Órgano Judicial”, explicó.

El informe del GIEI-Bolivia, presentado en 2021, documentó violaciones a los derechos humanos durante la crisis política y social de 2019 y estableció una serie de recomendaciones para garantizar justicia y reparación a las víctimas.

 

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