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Recompensa por Marset no es automática y tiene estrictos filtros

El pago por información sobre el narcotraficante está sujeto a evaluación del Departamento de Estado y excluye a funcionarios públicos.

17/03/2026 7:17

Foto: El narcotraficante Sebastian Marset. Archivo
EEUU

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La recompensa ofrecida por la captura de Sebastián Marset no es de acceso inmediato ni automático, y está sujeta a estrictos filtros establecidos por el gobierno de Estados Unidos, según explicó este martes el periodista internacional e independiente, Freddy Silva.

“No es que la DEA directamente le ofrece el dinero a alguna persona que haya colaborado”, afirmó, al precisar que el proceso está a cargo del programa Narcotics Rewards Program, dependiente del Departamento de Estado, y no de manera directa por agencias operativas.

Silva detalló que el pago de la recompensa requiere una verificación rigurosa.

“Esto debe pasar por una serie de filtros para determinar si realmente la persona que pudo haber colaborado (…) permitió llegar hasta Sebastián Marset”, sostuvo.

 

Además, subrayó que existe una exclusión clara para funcionarios públicos y empleados de cualquier gobierno, porque son inelegibles para recibir la recompensa, en referencia a la normativa federal que incluye a policías, militares, fiscales, jueces y agentes de inteligencia, tanto de Estados Unidos como de otros países.

En esa línea, enfatizó que incluso quienes aporten información desde su cargo oficial no califican para el beneficio.

“Si la información se obtuvo o se entregó en el marco de un cargo público (…) no califica para el pago de recompensa”, explicó.

El periodista también indicó que, tras la validación de la información, la decisión final recae en el Departamento de Estado, que es el que tendría que firmar la carta no solo para hacer el pago, sino también para darle algún tipo de protección o reubicación.

En paralelo, Silva recordó que Marset enfrenta cargos graves en Estados Unidos, entre ellos lavado de dinero y narcotráfico, con penas que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión por cada delito y, en un escenario más complejo, incluso cadena perpetua.

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