Vigilia ciudadana en el INRA exige justicia tras brutal ataque a cacique chiquitano

La sede del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz se convirtió hoy en el epicentro de una protesta social tras la violenta agresión que sufrió el cacique de la Comunidad Urkupiña. Ciudadanos y líderes regionales instalaron una vigilia permanente para exigir la captura inmediata de quienes arremetieron contra el líder indígena en San José de Chiquitos.

Los manifestantes otorgaron un plazo de 48 horas a la Fiscalía, la Policía y el INRA para dar resultados concretos sobre este ataque delincuencial.

"Necesitamos que sí o sí se haga auditoría a los procesos de saneamiento porque han sido los argumentos para extorsionar a la gente de nuestro pueblo", sentenció un representante del Comité Cívico Provincial durante la movilización.

La desconfianza en la transparencia del ente agrario ha escalado hasta la exigencia de una renovación total de su personal administrativo. Según denunciaron los participantes de la vigilia, los actuales funcionarios han sido "cómplices con los avasallamientos con las Bartolinas y los interculturales en las tierras cruceñas".

La presión social busca trasladar la atención de las autoridades nacionales directamente al lugar de los hechos violentos para constatar la gravedad de la situación. "Estamos aquí para exigir que baje la Comisión toda del INRA y el viceministro de Tierra y Territorio al lugar donde sucedió esta cobarde y brutal agresión", demandó otro de los movilizados.

Por su parte, el presidente cívico Stello Cochamanidis lamentó que la institución siga bajo la influencia de gestiones políticas pasadas que, a su juicio, abandonan sus funciones técnicas.

"Es lamentable el abandono de esta institución, pero es más lamentable que desde aquí se sigan solapando las acciones delincuenciales de los interculturales", afirmó el líder cívico.

La situación se mantiene en una tensa calma mientras los sectores movilizados advierten que no levantarán la medida hasta recibir respuestas de las autoridades. De no cumplirse las demandas en el tiempo estipulado, las provincias y la dirigencia cívica no descartan convocar a un cabildo para determinar nuevas acciones de protesta.