Abogado denuncia estancamiento en el caso Fondo Indígena y en la investigación de la muerte de Aramayo

A diez años de que se destapara el desfalco del Fondo Indígena y tras la trágica muerte de su exdirector, Marco Antonio Aramayo, su familia y defensa legal claman por una investigación seria y transparente. Héctor Castellón, abogado de la familia Aramayo, rompió el silencio para denunciar la inacción del Ministerio Público y el uso político del caso.

Sostuvo que el Fondo Indígena operó durante años como un "botín político y económico administrado por dirigentes que desviaron recursos con impunidad. Señaló que los procesos reabiertos en los últimos meses se enfocan en montos menores, dejando fuera la dimensión real del saqueo, estimado en 200 millones de dólares.

Un desfalco de $us 200 millones ignorado

Castellón fue contundente al afirmar que el Fondo Indígena fue históricamente un "botín político y económico" que fue aprovechado por "malos dirigentes" para enriquecerse. Denunció que, si bien ahora se reabren casos "pequeñitos" por montos menores (como 500.000 o 1 millón de bolivianos), se ignora la magnitud real del saqueo.

"Nos olvidemos que el Fondo Indígena nos ha costado 200 millones de dólares hasta la fecha... Ha sido una burla hacia el pueblo boliviano y sobre todo ha costado la vida de Marco Antonio Aramayo", expresó. 

Cuestionó que, a 11 años de la denuncia, no se ha investigado a los verdaderos responsables, como los 35 directivos que conformaban el directorio (incluyendo a Nemesia Achacollo, Juanita Ancieta e Hilarión Mamani), ni a los 4.400 beneficiarios a nombre de quienes salieron los proyectos.

La muerte de Aramayo: Tortura y complicidad

La defensa exige que la muerte de Marco Aramayo, ocurrida tras años de tortura física y psicológica certificada en el penal, "no sea en vano".

"No puede ser posible que se haya producido la muerte de Marco Aramayo sin que hasta la fecha se haya realizado una investigación  por qué murió Marco Aramayo".

Acusó directamente al sistema de ser cómplice, señalando que el Ministerio Público está "inerte" y que el Poder Judicial ha sido un "cómplice silencioso y muy nocivo" en el encubrimiento del desfalco y en la muerte de su cliente. Además, señaló que, pese a las denuncias de tortura y la existencia de nombres de funcionarios involucrados, las investigaciones han sido rechazadas dos veces.

El caso como "vendetta política"

Finalmente, el abogado de la familia Aramayo lamentó que el escándalo se haya convertido en una "bandera política" y una "vendetta política" que se saca a relucir únicamente cuando conviene a los actores de turno, pero sin interés real en llegar a la verdad.

"Nos sorprende con una noticia, otra vez enarbolada de tema desde un punto de vista político... Nos han robado, aparte que nos han robado, se ha protegido a la gente que nos ha robado y ahora se está pretendiendo esconder lo que realmente ha pasado al Fondo Indígena," sostuvo.