Gobierno afirma que Decreto 5515 busca dar certidumbre al país

El Gobierno aseguró que el Decreto Supremo 5515 no vulnera la Constitución Política del Estado y afirmó que, en caso de existir observaciones o discrepancias, estas deben ser planteadas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia competente para realizar el control de constitucionalidad.

Así lo manifestó en el programa Que No Me Pierda, el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo Yamil García, quien explicó que la norma fue emitida con el objetivo de garantizar la continuidad del Estado, evitar vacíos de poder y prevenir posibles escenarios de desorden institucional durante ausencias temporales del presidente por misiones oficiales en el exterior.

El viceministro aclaró que la Constitución Política del Estado no establece en ningún artículo que un viaje del presidente active de manera automática una sucesión en ejercicio, sino que contempla únicamente las figuras de ausencia o impedimento, las cuales deben ser analizadas desde una perspectiva funcional.

“La Constitución en ningún artículo señala que ante un viaje deba activarse una sucesión. Lo que contempla es la figura de la ausencia, y esa ausencia debe ser interpretada”, sostuvo.

En ese marco, explicó que no se puede equiparar una ausencia física o geográfica con una ausencia funcional, especialmente cuando el presidente mantiene la capacidad de ejercer sus atribuciones mediante medios tecnológicos de comunicación, reconocidos por la normativa vigente.

“Mientras el presidente pueda interactuar, comunicarse y tomar decisiones, no se puede hablar de una ausencia funcional”, explicó la autoridad.

El viceministro fue enfático al señalar que el Decreto 5515 no modifica la Constitución Política del Estado, sino que realiza una regulación interna de la organización del Órgano Ejecutivo, en el marco de sus competencias.

“El decreto no cambia la Constitución, no la altera. Lo que hace es una regulación interna de lo que es el Ejecutivo”, afirmó.“La población no puede quedar expuesta a escenarios de incertidumbre. Este decreto evita que se genere un desorden político que afecte la estabilidad del país”, señaló.

Asimismo, dejó en claro que cualquier persona o institución que no esté de acuerdo con la norma tiene el derecho de presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia que deberá analizar y resolver el fondo del asunto.