“No se está afrontando el problema; con la Ley de Diferimiento se agrava la desconfianza”, sostiene analista

En la última sesión de la Asamblea Legislativa, fue sancionada la Ley de Diferimiento de Créditos, que busca proteger los derechos fundamentales de los prestatarios de créditos destinados a vivienda social y a las micro y pequeñas unidades económicas.

La norma establece la suspensión temporal de embargos, remates, desalojos y ejecuciones judiciales vinculadas a estos créditos, y dispone que, durante seis meses posteriores a su promulgación, las entidades financieras deberán diferir automáticamente el pago de las cuotas, incluyendo capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos.

Sin embargo, el analista económico Darío Monasterio advirtió que la medida podría tener efectos contraproducentes en la estabilidad financiera y la confianza en el nuevo Gobierno.

“Lo que está dejando el gobierno de Arce es una de las peores gestiones, principalmente en materia económica. No se está afrontando el problema; al contrario, se está generando desconfianza justo en momentos en que debería promoverse la estabilidad y respetar la institucionalidad”, sostuvo.

Para Monasterio, la Asamblea saliente carece de legitimidad y la norma debió ser debatida por la nueva administración.

“Hay que volver a ponerla en debate en la nueva Asamblea, porque una Asamblea que ya ha perdido legitimidad no puede aprobar en el último minuto una ley que, lejos de beneficiar a los prestatarios, termina perjudicando a los nuevos solicitantes de crédito que necesitan recursos para financiarse”, agregó.

El economista insistió en que lo prioritario es restablecer la confianza en el sistema financiero, elemento clave para la reactivación económica.

“Necesitamos un sistema financiero saludable, en el que la gente confíe, no solo en la economía ni en el nuevo gobierno, sino también en las entidades financieras. Solo así se podrá recuperar el crecimiento, la inversión y el empleo”, enfatizó.

La normativa fue aprobada por mayoría y enviada al Órgano Ejecutivo para su promulgación.