Colectivos exigen justicia para Liliana y advierten sobre la vulnerabilidad de sus dos hijos

Mientras los restos de Ingrid Liliana (30) eran sepultados, el debate sobre la justicia y la protección a los huérfanos del feminicidio se traslada a las instituciones. Colectivos de mujeres y fundaciones defensoras de derechos humanos se declararon en vigilia ante el primer caso de feminicidio registrado en el departamento en este inicio de año.

La batalla por la guarda de los niños

La situación de los dos hijos de Liliana es el tema que más preocupa a las instituciones. Según Mercedes Cortés, representante de la Fundación Voces Libres, existe una tensión latente entre la familia materna —quienes han sido el círculo inmediato de cuidado— y el progenitor de los menores.

"Ha habido mucho celo de parte del progenitor, quien incluso ha intentado restringir el contacto con la familia materna. Aunque legalmente su patria potestad está activa, la Defensoría deberá verificar en qué condiciones estarán los niños y si es apto para asumir la guarda", explicó Cortés. La institución anunció que se debe otorgar becas de estudio para los huérfanos y realizará un seguimiento integral para garantizar su bienestar.

Mañana: Audiencia decisiva y procedimiento abreviado

Para este miércoles a las 11:00 de la mañana, se ha programado una audiencia virtual en la que el agresor podría optar por un procedimiento abreviado. Sin embargo, Voces Libres advirtió que este camino legal no es un simple trámite.

"No es solo que declare; el agresor debe pedir en audiencia, explicar cómo sucedió el hecho y su declaración debe estar en armonía con las pruebas de la Fiscalía. Esto es vital para evitar futuras nulidades o que el abogado defensor alegue después que su cliente no entendió el proceso", detalló la activista.

La meta de la parte acusadora es lograr una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto, debidamente ejecutoriada.

Retraso judicial: Una cifra alarmante

El caso de Liliana pone nuevamente bajo la lupa la eficacia del sistema judicial boliviano. Datos revelados por las instituciones señalan que existe un fuerte rezago en la resolución de estos crímenes:

• Gestión 2025: De los 13 casos de feminicidio registrados en Cochabamba el año pasado, solo 4 han recibido sentencia.

• Los 9 casos restantes continúan en procesos dilatados, lo que genera una sensación de impunidad en las familias de las víctimas.

Finalmente, los colectivos recordaron que se está trabajando en la reglamentación de la ley para que el Estado asuma el bono del 20% del salario mínimo destinado a los huérfanos de feminicidio, una medida ya aprobada pero que aún no se ejecuta por falta de normativa.