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La propuesta legislativa busca declarar nulas todas las sanciones y procesos administrativos o disciplinarios aplicados contra uniformados que, según los proyectistas, habrían sido afectados por motivaciones políticas.
17/11/2025 18:34
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Los diputados de la Alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón y Alejandro Reyes presentaron un Proyecto de Ley de Restablecimiento de Derechos dirigido a militares y policías que fueron dados de baja por decisiones administrativas o disciplinarias con presuntos fines políticos durante el gobierno de Luis Arce Catacora, en el marco de hechos vinculados al conflicto poselectoral de 2019.
La propuesta legislativa busca declarar nulas todas las sanciones y procesos administrativos o disciplinarios aplicados contra uniformados que, según los proyectistas, habrían sido afectados por motivaciones políticas y no por causas legales debidamente justificadas.
Contenido principal del proyecto de ley
1. Restablecimiento de derechos
El Artículo 1 define como objetivo principal restituir los derechos de militares y policías que fueron dados de baja por presuntos motivos políticos, incluidos aquellos acusados de amotinamiento o colaboración en el denominado “golpe de Estado” durante los hechos de 2019.
2. Nulidad de actuados sancionatorios
El Artículo 2 declara que todas las actuaciones administrativas, sancionatorias o disciplinarias relacionadas con estos casos quedan sin efecto, al no haber contado —según los legisladores— con validez legal plena.
3. Restitución de funciones
El Artículo 3 dispone que los uniformados afectados podrán volver a sus funciones y jerarquías dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, siempre que sus cargos y grados continúen vigentes.
4. Pago de salarios retroactivos
El Artículo 4 establece la restitución de salarios dejados de percibir desde el momento de la baja considerada injusta, con cargo al Tesoro General de la Nación.
5. Restablecimiento de otros derechos
El Artículo 5 incluye beneficios administrativos, profesionales, sociales y económicos derivados de su condición de servidores del Estado, los cuales también deberán ser restituidos.
6. Procedimiento de restitución
El proyecto contempla un proceso ágil para que los interesados presenten su solicitud ante el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas o el Comando General de la Policía. Las instituciones tendrán un plazo máximo de 20 días hábiles para responder, verificando la documentación y emitiendo una resolución.
Asimismo, se garantiza el derecho a presentar recursos de reconsideración en caso de rechazo.
7. Reclamo por daños y perjuicios
El Artículo 6 abre la posibilidad de que los afectados inicien procesos judiciales por daños personales o familiares derivados de la baja considerada injusta.
Motivación de los diputados
Los diputados Alarcón y Reyes sostienen que es necesario reparar las vulneraciones de derechos que —a su criterio— se produjeron durante los últimos años mediante procedimientos disciplinarios “con motivación política”.
Ambos legisladores remarcaron que el proyecto busca “restablecer la institucionalidad y la justicia” para quienes fueron sancionados sin garantías adecuadas, y llamaron a que la Asamblea Legislativa Plurinacional priorice el tratamiento de la norma.
La propuesta fue presentada oficialmente ante la Cámara de Diputados y ahora deberá ingresar a comisión para su análisis.
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