Libre denuncia intentos de "cercenar" la participación de nuevas agrupaciones en subnacionales

Una tensa sesión en la Cámara de Diputados de Bolivia, instalada la tarde del martes para tratar la Ley de Convocatoria a las Elecciones Subnacionales de marzo de 2026, culminó en gritos y bochornos, poniendo nuevamente en evidencia las profundas divisiones internas.

La controversia se centra en la necesidad urgente de aprobar la ley, dado que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha puesto como plazo el sábado 22 de noviembre.

Sin embargo, la diputada Lissa Claros de la Alianza Libre denunció que modificaciones realizadas en el Senado a la propuesta original del TSE buscan "cercenar" el derecho a participar de aproximadamente 50 agrupaciones ciudadanas que ya poseen personería jurídica.

“Si aprobamos una convocatoria violando derechos fundamentales, se generarán acciones de inconstitucionalidad. No podemos repetir errores del pasado ni cercenar el derecho político de nuevos liderazgos que ya cuentan con personería jurídica”, afirmó Claros.

La diputada explicó que la modificación de la ley enviada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el Senado tiene la intención de perjudicar a estas agrupaciones emergentes. “No podemos seguir con viejas mañas de los políticos tradicionales que imponen, condicionan o negocian candidaturas a cambio de siglas”, enfatizó.

Respecto a la postura de la oposición, Claros aseguró que buscan ser constructivos y facilitar consensos, aunque denunció que el oficialismo ha generado un empantanamiento en la ley mediante modificaciones unilaterales y decisiones tomadas “por encima de la cabeza de los parlamentarios”.

El debate también incluyó cuestionamientos sobre los plazos establecidos por el TSE, que requieren la aprobación de la ley antes del sábado 22 de noviembre, generando preocupación sobre la viabilidad de llevar adelante las elecciones subnacionales en tiempo y forma.

Finalmente, la diputada Claros reiteró que su bloque está dispuesto al diálogo y a consensuar acuerdos, siempre que se respete el derecho de todas las agrupaciones ciudadanas a participar de manera plena y democrática en los comicios.