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Más de 1.100 internos en 400 m²: alertan hacinamiento en Cochabamba

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados inició inspecciones en las cárceles de San Sebastián, en Cochabamba, y alertó sobre un grave hacinamiento, falta de división de pabellones y retrasos en el pago de prediarios.

27/02/2026 9:28

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marcelo Soliz. Foto: Red uno
Cochabamba

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La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados inspeccionó las cárceles de San Sebastián, de varones y mujeres, en Cochabamba, donde verificó las condiciones extremas en las que viven los privados de libertad.

El presidente de la comisión, Marcelo Soliz, expresó su preocupación por el grave hacinamiento, especialmente en el penal de San Sebastián varones, que está emplazado en aproximadamente 400 metros cuadrados y fue improvisado para albergar a 300 personas, pero actualmente concentra a 1.178 privados de libertad.

“Es un hacinamiento preocupante porque la gente está durmiendo en pasillos, gradas y cocinas, donde puede encontrar espacio”, señaló.

 

 

Además, advirtió que no existe una adecuada división de pabellones, lo que provoca que adultos mayores, personas con discapacidad visual y reclusos de alta peligrosidad convivan en condiciones precarias.

Soliz remarcó que si bien los internos han perdido su derecho a la libertad, mantienen vigentes otros derechos fundamentales, como la alimentación y la integridad.

Otro de los problemas identificados es la falta de pago de los prediarios desde noviembre del año pasado. El legislador anunció que se prepara una petición de informe al gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, para conocer las razones del retraso. El prediario asciende a 8 bolivianos por día y está destinado a cubrir desayuno, almuerzo y cena.

 

Asimismo, la comisión observa dificultades en la tramitación de indultos, señalando presunta burocracia administrativa en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que impediría el descongestionamiento de los centros.

Soliz informó que solicitaron una reunión con el presidente del TSJ, Romer Saucedo, y también enviaron notas al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, sin recibir respuesta hasta la fecha.

En cuanto a la seguridad, alertó que solo 27 efectivos policiales resguardan a los 1.178 internos, lo que representa un riesgo adicional.

La comisión realiza este trabajo de manera coordinada con la Defensoría del Pueblo para contar con un informe defensorial y anunció que continuará con acciones de fiscalización. Además, gestionan ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) la entrega de madera incautada para que los privados de libertad elaboren muebles y otros productos, generando recursos a través de ferias productivas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.
 

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