La reacción de las autoridades judiciales fue inmediata y unánime, repudiando el acto y exigiendo una pronta investigación.
09/11/2025 18:54
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El asesinato a tiros del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia en Villa Tunari, Cochabamba, sumió en el luto y la indignación al Órgano Judicial de Bolivia y a la población en general. El hecho, calificado como un acto de sicariato, ha puesto en el centro del debate la inseguridad y la falta de garantías para quienes administran justicia en el país.
El crimen ocurrió el pasado viernes por la noche, cuando sicarios a bordo de una motocicleta rodearon el vehículo del juez, quien se encontraba en compañía de su hijo, y realizaron tres disparos, dejándolo sin vida. Junto al cuerpo, se encontró una nota con el mensaje amenazante: "Por no cumplir trabajo. Te lo advertí, igual, Cristina", lo que apunta a un móvil relacionado con su función.
Clamor por justicia y seguridad
La reacción de las autoridades judiciales fue inmediata y unánime, repudiando el acto y exigiendo una pronta investigación. Los restos del juez Cruz, designado en 2018, fueron trasladados a Sucre, donde se realizó el velatorio en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Grenny Bolling, presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), expresó su profunda consternación: "Las palabras son cortas y la preocupación es mucha. Porque esta vez estamos verificando ya de manera directa las consecuencias de la agresión, de la persecución, del acoso que está siendo objeto el juez en el momento de administrar justicia. Es lamentable que un juez tenga que perder la vida por ejercer sus funciones."
Bolling destacó la preocupación por el "crecimiento de la inseguridad" que segó la vida del colega.
Christian Arancibia, presidente de Amabol Chuquisaca, enfatizó que el crimen no solo segó la vida de un colega, sino que también "atentó contra la misma institucionalidad del órgano judicial": "Este hecho demostró y desnudó una vez más que nos encontramos inseguros en la administración de justicia. Lastimosamente, no tenemos las garantías y la seguridad mínima... Exigimos a través de las asociaciones que el Ministerio Público imprima el rol de la debida diligencia y se llegue al esclarecimiento de este hecho. Esto ha sido un caso de sicariato, asesinato, un caso cobarde, un atentado contra la administración de la justicia".
Arancibia también exhortó a las autoridades del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia a aplicar protocolos de seguridad y de garantías más estrictos para el ejercicio de la función judicial, particularmente para jueces en materia penal y tribunales de sentencia, como era el caso del juez Cruz.
Por su parte, Aldo Quezada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, calificó el hecho como "reprochable y condenable": "Hoy le tocó a un juez, el día de mañana puede ser cualquier persona... Nada, pero nada justifica quitarle la vida a un ser humano... Reprochamos esta actitud y exhortamos al sistema de justicia a realizar las acciones que sean necesarias para poder encontrar a los actores de este hecho."
Las autoridades judiciales, la familia y la sociedad exigen que se sancione a los responsables de la muerte macabra del juez, padre de familia, en una investigación pronta y oportuna. Se ha dispuesto el resguardo de la familia y el entorno de la víctima mientras avanza la investigación del caso, que ha enlutado a todo el país.
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