“Existen pruebas suficientes para imputar a Casso”, afirma fiscal Lora en caso BoA

El fiscal Walter Lora afirmó que el Ministerio Público cuenta con suficientes elementos de convicción para imputar al exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, por el presunto daño económico ocasionado por la implementación de la ruta aérea entre Bolivia y Cuba.

Casso fue aprehendido en las últimas horas dentro de la investigación iniciada por una denuncia del Viceministerio de Transparencia, que apunta a pérdidas económicas derivadas de vuelos considerados deficitarios hacia La Habana.

“Existen elementos de convicción suficientes que pueden acreditar la probabilidad de autoría”, sostuvo el fiscal del caso.

Según la investigación preliminar, Ronald Casso, en su calidad de gerente general de BoA durante la gestión 2022, elaboró informes técnicos que respaldaron la viabilidad y sostenibilidad de la ruta internacional, documentos que posteriormente sirvieron para que el directorio autorice las operaciones.

La Fiscalía sostiene que, con el transcurso del tiempo, la ruta demostró ser económicamente insostenible, generando un perjuicio estimado en aproximadamente Bs 14,4 millones para la empresa estatal.

Otras autoridades implicadas

El fiscal también confirmó que la investigación no se limitará únicamente al exgerente de BoA, sino que alcanzará a todos los integrantes del directorio vigente en ese periodo y al entonces ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

Lora indicó que se analiza el grado de participación de cada autoridad involucrada en la aprobación y continuidad de la ruta aérea, especialmente luego de que surgieran informes que advertían pérdidas económicas.

El Ministerio Público prevé presentar la imputación formal contra Ronald Casso dentro del plazo legal, tras lo cual un juez cautelar definirá su situación jurídica.

En su declaración informativa, el exgerente negó responsabilidad y aseguró que los informes presentados durante su gestión contaban con sustento técnico. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que existen suficientes pruebas para avanzar con el proceso penal.