El tema fue abordado en una reunión entre distintas empresas de servicios, donde se confirmó que el delito afecta a varios sectores. “Que se sancione al que hurta y a la empresa que lo compra”, señaló un representante de la cooperativa de agua.
21/01/2026 16:46
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Las empresas prestadoras de servicios básicos alertaron sobre los altos índices de robos de medidores y tapas de alcantarilla, un problema que genera una afectación económica significativa y diaria, además de poner en riesgo la continuidad y seguridad de los servicios para la población.
Saguapac es una de las entidades más perjudicadas por estos hechos delictivos. Su jefe de medios, Fernando Suárez, informó que la cooperativa registra entre 150 y 200 medidores robados cada mes, una cifra que evidencia la magnitud del problema.
“Tenemos robos prácticamente en toda nuestra área de prestación del servicio y eso impacta directamente en la atención a los usuarios”, señaló.
El tema fue abordado en una reunión entre distintas empresas de servicios, donde se confirmó que el delito afecta a varios sectores. “No solo Saguapac está siendo afectada; también las empresas de transporte, la Ferroviaria Oriental con el robo de rieles, CRE con los medidores y COTAS con el robo de cables”, explicó Suárez.
Pese a que las empresas han presentado denuncias formales contra los responsables, los ilícitos continúan. Según Suárez, los autores del delito han identificado que el verdadero negocio está en la venta ilegal de cobre y fierros.
Ante esta situación, Saguapac recomienda a los usuarios proteger sus medidores mediante rejillas u otros sistemas de seguridad para reducir el riesgo de robo. No obstante, la cooperativa considera que la solución debe ser estructural y no solo preventiva.
“El objetivo que tenemos como cooperativa es que se sancione al que hurta, al que roba el medidor o la tapa de alcantarilla, pero también a las empresas que los recepcionan y compran este material robado”, enfatizó Suárez. Remarcó que existe una cadena delictiva que provoca un grave daño al bien público y a la prestación de los servicios básicos.
Las empresas afectadas reiteraron su pedido a las autoridades para reforzar los controles y aplicar sanciones ejemplares que permitan frenar un problema que impacta de manera directa en la economía de las instituciones y en la calidad de vida de los ciudadanos.
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