Justicia ordena detener el plan de eliminación de los hipopótamos de Pablo Escobar

Un juez administrativo de Antioquia, Colombia, ha dictado la suspensión provisional de la orden gubernamental que autorizaba el sacrificio de 80 hipopótamos en la cuenca del río Magdalena. La decisión surge tras la admisión de una acción de tutela que cuestiona la ética de la eutanasia como método principal para frenar la sobrepoblación de esta especie invasora.

El Ministerio de Ambiente había programado el inicio de estos procedimientos para el segundo semestre del presente año bajo estrictos protocolos técnicos. No obstante, la justicia colombiana ha determinado que se deben estudiar a fondo las posibles vulneraciones a los principios de protección animal y derechos ambientales antes de proceder.

Entre la conservación y el bienestar animal

Los demandantes del recurso legal exigen que el Estado priorice alternativas no letales para gestionar a los descendientes de los ejemplares importados por Pablo Escobar. Entre las propuestas destacan la intensificación de las jornadas de esterilización química y el traslado masivo de individuos a santuarios en México, Filipinas y Sudáfrica.

A pesar de la protección judicial, los científicos advierten que esta población padece graves problemas genéticos debido a la endogamia por descender de un solo núcleo familiar. Además, la ausencia de depredadores naturales ha permitido que estos mamíferos alteren drásticamente el equilibrio de los ecosistemas locales y amenacen a las especies nativas.

Un legado complejo en revisión

La historia de estos animales se remonta a la Hacienda Nápoles, desde donde escaparon tras la caída del narcotraficante para colonizar las aguas colombianas con éxito alarmante. El Gobierno los declaró oficialmente como especie invasora en 2022, marcando un punto de inflexión en las políticas de manejo de fauna silvestre del país.

Por ahora, cualquier acción de sacrificio queda vetada hasta que exista un pronunciamiento de fondo por parte de las autoridades judiciales competentes. Mientras tanto, el país observa con atención un caso que pone a prueba la capacidad del Estado para balancear la seguridad ecológica con el respeto a la vida animal.